La EAB es patrimonio de los bogotanos y no debe estar al servicio de intereses políticos. La nueva controversia entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, alrededor del esquema de aseo en la capital y el manejo que se viene dando a la Empresa de Acueducto, va más allá de una simple pataleta política.

Desde los inicios del gobierno Petro, fue clara su intención de alejar de las empresas de servicios públicos cualquier interferencia privada. Era su convicción que tales entidades deben ser administradas por el Estado.

Así, se cambió el modelo de recolección de basuras que desde hacía varias décadas venía operando en la capital, se creó un nuevo organismo oficial que hoy cumple esa labor (Aguas de Bogotá) y, aunque se mantuvieron las empresas privadas de antes, estas prestan el servicio bajo otro régimen.

Con el Acueducto pasó algo similar. Cuatro firmas privadas que facilitaban su servicio de operación desde hacía diez años fueron abolidas, y ese trabajo pasó a desempeñarlo la ciudad.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, más allá del modelo, lo que se requiere es que la ciudadanía obtenga el mayor beneficio posible en eficiencia administrativa y calidad. Y en ambos casos las estrategias de la Administración dejan muchas dudas.

De un lado, está por verse cuál es la afectación real que para las arcas de la Empresa de Acueducto representa el hecho de haber asumido en sus inicios la carga de Aguas de Bogotá. El Ministro de Vivienda, duro crítico del modelo, asegura que el déficit puede llegar a los 43.000 millones de pesos. Y, al igual que la Procuraduría, pone en duda los beneficios que ese esquema ha traído a la población recicladora.

La Administración no reconoce las pérdidas y afirma que aún se está en proceso de ajuste y que la gente tiene que aceptar que ese es el gobierno que se eligió hace cuatro años.

El otro tema que ha crispado los ánimos y que hay que mirar con lupa es el del futuro de la Empresa de Acueducto. Un ente burocratizado, politizado, a merced de poderosos sindicatos –ahora con candidato propio al Concejo– que la coadministran y con poca claridad sobre el futuro de sus inversiones.

Todo esto ha salido a flote nuevamente con el asunto de la vinculación a la nómina oficial de 1.300 trabajadores que hoy tienen contratos temporales y que pertenecían a las compañías privadas que el alcalde Petro desestimó.

Para el Gobierno, esa operación ha afectado las utilidades, y el costo de la nómina podría incrementarse hasta en 90.000 millones de pesos. Más aún: da la impresión de que se quiere tomar esa decisión en época electoral para satisfacer un apetito sindical que parece olvidar que la EAB es patrimonio de los bogotanos y no de un grupo de privilegiados.

Su gerente, Alberto Merlano, capotea las críticas aduciendo que la vinculación permanente de los trabajadores es un compromiso del Alcalde, que el régimen bajo el que se haría la operación no dista del que prevé la ley y que la empresa sí da excedentes, pero que estos se ven mermados ante una serie de decisiones judiciales que esta ha debido asumir.

El Acueducto es, de lejos, la entidad más importante de la ciudad. Y flaco favor se le hace poniéndola al servicio de intereses políticos de uno u otro color, cuando lo que hay que garantizar es su supervivencia, porque es la supervivencia de todos.

EDITORIA|EL TIEMPO

14 de octubre de 2015


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