Javier Torres-Goitia T.
fue ministro de Salud.
Las semanas pasadas nos ha tocado observar dos situaciones contrapuestas: la crisis del agua en La Paz y su expansión a El Alto y otra, de signo contrario, felizmente positivo, relacionada con la decisión de Santa Cruz de mejorar sus servicios de salud.
La crisis del agua no obedece a una sequía grave, tal como algunas autoridades tratan de hacer creer, engañando irrespetuosamente a la gente más humilde, que es la que más sufre y la que menos información veraz recibe. Tiene, naturalmente, relación con los cambios climáticos, pero la carencia actual es resultado de la ineficiencia extrema de una empresa pública que nació al calor de la Guerra del Agua de Cochabamba, EPSAS.
La empresa se formó, en teoría, para desplazar a una empresa privada que supuestamente lucraba con el líquido más indispensable para la vida. La nueva empresa, según anuncio oficial, debía acabar con la mercantilización del agua para ofrecerla como un derecho social y hacerla llegar hasta los lugares más alejados, donde Aguas del Illimani no llegó. Ilusión o engaño que desembocó en la crisis actual.
La ineficiencia de empresas creadas al calor del favor político es casi una regla. La improvisación no puede remplazar a la capacidad y a la experiencia. No es pues de extrañar que la provisión de agua, lejos de mejorar haya empeorado. Cuando las fallas llegan a los extremos que han llegado no es difícil que la empresa encuentre justificativos que aminoren su responsabilidad para atribuir las fallas a fenómenos atmosféricos u otros ajenos. Pero también es inevitable que salgan a la luz la corrupción, los abusos de poder y favoritismos tan comunes que llegan a formar parte constitutiva de la captura de empresas por políticos que las convierten en agencias de empleo para correligionarios.
La crisis de EPSAS, relacionada con el derroche de recursos en obras suntuarias del pasado y del presente, se agrava cuanto más se pretenda culpar a San Pedro de la ineficacia oficial  y del fracaso de empresas públicas que, lejos de cumplir su misión de servir al público, sirven solamente a su partido. 
La contaminación del agua es un peligro. Puede provocar desde trastornos gastrointestinales agudos, más o menos graves, hasta una epidemia de cólera y otra serie de procesos infecciosos.
 
Toca a las familias mantener su alerta y extremar sus precauciones, pero es responsabilidad del Estado tomar las medidas radicales necesarias para que el agua potable sea manejada tomando en cuenta la seguridad de la población antes que el interés partidario. La lamentable situación a la que ha llegado Venezuela puede servir de ejemplo para quienes cometen los mismos errores y se exponen a seguir el mismo camino. 
La otra situación, alentadora, es la que pudimos observar de cerca en Santa Cruz la semana pasada, gracias a una invitación para participar en un taller específico.  Convocados por el Servicio Departamental de Salud -SEDES- el Colegio Médico Departamental y otras instituciones públicas y privadas, que suman un total  de 65. Se reunieron delegados de la municipalidad de Santa Cruz, más de 12 municipios de las provincias cercanas, los colegios de profesionales, parlamentarios, juntas vecinales de distintos distritos y provincias, los programas SAFCI y Mi Salud del Ministerio de Salud, las asociaciones empresariales como Cainco y otras varias instituciones, además de médicos epidemiólogos, salubristas y de otras especialidades. 
La doctora Gloria Bacherer de Quiroga coordinó los dos talleres realizados con una metodología ampliamente participativa. Las mesas de trabajo permitieron a cerca de 200 asistentes opinar libremente sobre los temas de su elección y plasmar sus opiniones en conclusiones que responden a las preguntas del temario, sin dispersarse anárquicamente ni restringirse a temas predeterminados por los organizadores.
El objetivo general fue "recibir insumos de los diferentes actores que interactúan con la salud y sectores determinantes relacionados para la elaboración del Plan Departamental de Salud 2017-2025”.
Los objetivos específicos se concretaron en tres: 1) elaborar el diagnóstico de situación; 2) analizar y consensuar las propuestas de los diferentes participantes, y 3) elaborar el cronograma de trabajo para la elaboración participativa del Plan Departamental de Salud 2017-2025.
Con esos objetivos cumplidos plenamente, las importantes conclusiones están en proceso de ordenamiento y redacción final. Las presentaremos en una próxima oportunidad como ejemplo de que las políticas de salud se estructuran mejor cuando las iniciativas parten de abajo para arriba y no son imposiciones centralistas, verticales y autoritarias.

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