31/03/2017 07:16

El tratamiento de las aguas residuales urbanas en España está de nuevo bajo el foco de Europa. Bruselas ha informado al Gobierno central de un nuevo paquete de incumplimientos en los niveles de contaminación que podría derivar en nuevas sanciones. Los problemas detectados afectan a la mayor parte de las autonomías y la Comunidad Valenciana no es una excepción. En la carta de emplazamiento que remitió en diciembre la Comisión Europea se especifican un total de doce demarcaciones valencianas donde se superarían las tasas máximas de nitrógeno y fósforo establecidas en la directiva comunitaria de 1991.

La Generalitat no está de acuerdo con el sentido de la resolución y desde la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) se han preparado, de hecho, alegaciones para evitar que el expediente abierto derive en la imposición de multas. De las doce aglomeraciones señaladas por Europa en la Comunidad, el Gobierno autonómico asegura que al menos diez de ellas se ajustan escrupulosamente a lo establecido por la norma.

El director general de Epsar, Enrique Lapuente, explicó ayer a este diario que dispone de documentación y análisis que acreditarían que los niveles de nutrientes se sitúan en la mayoría de los casos por debajo de los límites legales. Lapuente atribuye las discrepancias con la Comisión Europea a la antigüedad de las muestras, que se tomaron hace años y no reflejan, por tanto, el esfuerzo en depuración que ha acometido el Gobierno valenciano en los últimos ejercicios.

Los principales problemas, según reconoce Epsar, se encuentran en los municipios de Cheste y Chiva, donde ya se está actuando para revertir esta situación con el respaldo del programa comunitario Feder. Éste será el principal argumento en las alegaciones que ya ultima esta empresa pública, que depende de la Conselleria de Medio Ambiente. Lejos de mirar para otro lado, este departamento ha redoblado los esfuerzos para mejorar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales en ambos municipios. «El proyecto se licitará presumiblemente este mismo ejercicio», según adelantó Lapuente a este diario.

La investigación de Bruselas, en el transcurso de la cual se han detectado infracciones en distintos puntos de la geografía nacional, se centra en las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes. Los requisitos que exige la directiva vigente varían en función de donde se vierten las aguas. El tratamiento más básico requiere la eliminación de sólidos en suspensión y materia orgánica. Pero si el agua termina en zonas sensibles como marjales u otros ecosistemas de especial protección se reclaman unas condiciones adicionales de depuración con el fin de eliminar el exceso de nutrientes. No en vano, el nitrógeno y el fósforo puede resultar perjudiciales para los ecosistemas más vulnerables. Es precisamente en este ámbito en el que se hallan las doce demarcaciones supuestamente infractoras.

En cualquier caso, no es la primera vez que las deficiencias en el tratamiento de aguas residuales provoca un tirón de orejas de Europa. Hace unas semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) multó a España con 46,5 millones de euros por incumplir la normativa comunitaria de aguas residuales para poblaciones de más de 10.000 habitantes. En este caso la sanción era esperada y se remonta a 2011 cuando el Ejecutivo comunitario remitió a este tribunal el incumplimiento de 39 aglomeraciones urbanas que carecían de infraestructuras de saneamiento. Pese a la que la mayoría ha resuelto el problema, finalmente se impuso por sólo siete demarcaciones.

http://www.elmundo.es

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